Alejandro Sanz ha empezado a acaparar los titulares de los medios internacionales. Esto, porque en las últimas horas ha saltado a la luz que el cantautor se encuentra en medio de una delicada situación judicial.
De acuerdo a lo que ha informado "La Otra Crónica” de “El Mundo”, Alejandro Sanz ha sido declarado en rebeldía por la justicia debido a que arrastra una deuda millonaria, que se deriva de incumplimientos en sus propiedades emplazadas en Miami.
El citado medio explica que la complicada situación del cantante se ha desencadenado por una serie de préstamos que tomó para comprar unas ostentosas propiedades en la ciudad estadounidense. Esas operaciones se canalizaron a través de sus empresas, Alkazul S.L., Gazul Producciones S.L.U. y Music on Wheels.
Las propiedades tienen un costo total de siete millones de dólares, y para financiarse el intérprete de “Amiga mía” recurrió a préstamos concedidos por Total Bank of Florida. Fue en 2019 cuando empezaron los problemas para él, ya que incurrió en impagos, lo que instigó al banco a iniciar un procedimiento de ejecución hipotecaria.
El diario detalla que Alejandro Sanz intentó vender las propiedades por un monto significativamente mayor al inicial, y se encontró ahogado por la justicia estadounidense que confirmó la deuda de casi 12 millones de dólares en su nombre en 2020. La venta de las propiedades por parte del fondo de inversión SHEDDF2 no logró cubrir la totalidad de lo adeudado, dejando un saldo pendiente de tres millones de euros.
La intervención de la justicia española
Alejandro Sanz no solo tiene problemas en Estados Unidos, sino que ahora ha intervenido la justicia española, que busca ejecutar esta sentencia a través del Juzgado de Primera Instancia número 47 de Madrid, oficina que se ha hecho cargo de la reclamación de esta deuda.
La resolución judicial por falta de localización ha complicado aún más la situación, hasta el punto de declararle en rebeldía.
Ante la imposibilidad de notificar a Alejandro Sanz la resolución judicial por falta de localización, se ha complicado aún más la situación, hasta el punto de declararle en rebeldía. Los jueces pretenden ahora que se ejecute la sentencia dictada por la Corte de Miami, que implica un pago de tres millones de euros para de esa manera compensar la diferencia entre la deuda original y la cantidad obtenida por la venta de los inmuebles, que finalmente llevó a cabo el fondo de inversión SHEDDF2.