Juan Carlos I y Corinna Larsen han reanudado su historia judicial este último martes en el Tribunal Superior de Londres, en donde se dirime la demanda por acoso que la examante del emérito ha interpuesto. En esta jornada trascendió uno de los datos más reveladores de la historia: el dinero que exige la empresaria.
Si bien el proceso judicial está en etapa inicial, Corinna le interpuso la demanda a Juan Carlos I en diciembre del 2020. Cabe destacar que el emérito abdicó en el 2014. Por lo cual, todas las acusaciones posteriores a esa fecha pueden ser juzgadas. Debido a esto, el ya tercer equipo jurídico del emérito prepara su trabajo para echar por tierra las acusaciones de Corinna.
“La demanda presentada es totalmente incoherente”, destacaron los letrados de Juan Carlos I. Todo comenzó en 2014, dos años después de que el emérito donó 65 millones de euros a la empresaria. El monarca quiso recuperar su dinero, pero no lo consiguió. La demanda de Corinna es a raíz de este asunto, ya que el Rey habría comenzado una campaña de acoso y descrédito en contra de su persona. Por este asunto, la empresaria reclama 146 millones de euros.
La empresaria reclama 146 millones de euros.
Corinna señala que esa campaña incluyó la participación de agentes del CNI que la vigilaron en Londres y en Mónaco, quienes intervinieron sus comunicaciones y controlaron sus domicilios. Por su parte, la defensa de Juan Carlos I afirmó que hay tres cartas intimidatorias de la Casa Real de España enviadas por la empresaria con amenazas de contar historias que desprestigiarían a la familia real si no frenaba el hostigamiento.
La defensa
Los abogados de Juan Carlos I definen a estas cartas como “un chantaje”. En añadidura, los letrados afirman que la jurisdicción inglesa no es la apropiada para tratar la demanda, ya que las acusaciones se habrían cometido en diversos países. De este modo, el equipo legal del emérito busca que la justicia española se haga cargo del asunto.
Por otro lado, Corinna busca ser indemnizada en concepto de la pérdida de ingresos que han tenido sus negocios tras la campaña de desprestigio. Además, la empresaria reclama los gastos que ha tenido en su tratamiento de salud mental, por la instalación de medidas de seguridad personal a diario y por lo que ha gastado en contratar exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno para que intervengan y así poner fin al supuesto acoso.